A dos años de la tragedia en la Región de Valparaíso.
En la columna de opinión "Incendios en la ciudad: no repitamos la historia", el académico de la Universidad San Sebastián y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura aborda el impacto de los recientes incendios en el sur de Chile como una advertencia sobre la manera en que se planifica y ocupa el territorio.
Los incendios que han golpeado al sur de Chile no son solo una catástrofe ambiental. Son, sobre todo, una señal de alerta sobre cómo estamos planificando y ocupando el territorio. La expansión de ciudades hacia suelos rurales y forestales, la falta de regulación del borde urbano-rural y la débil coordinación institucional, han creado un escenario de alta vulnerabilidad frente a un clima cada vez más extremo. Lo ocurrido no es mala suerte: es el resultado de decisiones territoriales mal alineadas con los riesgos del siglo XXI.
“'Lo ocurrido no es mala suerte: es el resultado de decisiones territoriales mal alineadas con los riesgos del siglo XXI', y subraya la necesidad de que la planificación urbana vaya más allá del crecimiento, para incorporar resiliencia, prevención y convivencia con la naturaleza.”
En este contexto, la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) llega en un momento clave. La política reconoce que nuestras ciudades están cada vez más expuestas a incendios, olas de calor y escasez hídrica, y propone un nuevo enfoque: pasar de una planificación centrada solo en el crecimiento urbano a una planificación basada en la resiliencia, la prevención y la convivencia con la naturaleza.
Este giro es coherente con los principios de ONU-Hábitat y la Nueva Agenda Urbana, que plantean que las ciudades y los territorios rurales forman un solo sistema. No existe una frontera real entre lo urbano y lo rural: hay un continuo donde circulan personas, bienes, servicios y también riesgos. Por eso, tratar estos espacios por separado ha sido un error. La planificación debe ser integrada, territorial y preventiva.
La nueva PNDU apunta justamente en esa dirección. Promueve una mirada socio-ecológica del desarrollo urbano, incorporando la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y la infraestructura verde como ejes. Esto significa, en términos concretos, ordenar la expansión de las ciudades, proteger corredores ecológicos, regular con claridad la interfaz urbano-rural, restaurar áreas degradadas y diseñar barrios y espacios públicos que reduzcan la propagación del fuego.
También propone fortalecer la gobernanza multiescalar: municipios con más capacidades técnicas, gobiernos regionales con un rol activo en la planificación territorial y comunidades involucradas en la prevención y el cuidado del entorno. La experiencia reciente demuestra que la respuesta a los incendios no puede seguir siendo fragmentada ni reactiva. La emergencia debe dar paso a la prevención estructural.
Necesitamos un marco para anticiparnos a los desastres en lugar de seguir reaccionando cuando ya es tarde. Integrando vivienda, movilidad, infraestructura, áreas verdes y gestión ambiental en una sola estrategia territorial. Al mismo tiempo, esta norma conversa con la “Ley de incendios” -que avanza en el Congreso- la que busca prevenir y evitar asentamientos en zonas con interfaz urbano-rural, estableciendo obligaciones para los propietarios que tienen predios en áreas de riesgo.
Los incendios del sur nos muestran el costo de no planificar con visión de largo plazo. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa trayectoria. La nueva Política Nacional es una herramienta para construir ciudades mejor preparadas ante los efectos del cambio climático. Implementarla puede marcar la diferencia entre repetir la tragedia o empezar a evitarla.