Abstract
El paper es firmado por Rodrigo Hidalgo Dattwyler y Abraham Paulsen, del Instituto de Geografía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Alex Paulsen, del Departamento de Obras Civiles, de la Escuela de Arquitectura, de la Universidad Católica del Maule y del Núcleo Milenio Sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV; y José Francisco Vergara-Perucich, del Núcleo de Investigación Centro Producción del Espacio, de la Universidad de Las Américas.
El artículo "Urban Neofractures and Land Mafias: Criminalised Informality, Property Violence and the Politics of Housing in Chilean Cities", publicado en la revista Antipode (Wiley) en 2026, analiza un fenómeno creciente en las periferias urbanas chilenas: la aparición de organizaciones armadas, las llamadas "mafias de la tierra", que gestionan tomas de terreno y loteos ilegales, desplazando a las formas de organización social y política que históricamente condujeron las luchas por la vivienda. Alex Paulsen, académico de la Universidad Católica del Maule e investigador de la Línea 2 (Agencia, Acceso y Experiencia Vivida) del Núcleo Milenio sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV, participó como coautor de este trabajo.
El artículo propone el concepto de "neofractura urbana" para nombrar esta ruptura: el momento en que el suelo se convierte en una mercancía transada informalmente por actores criminales, profundizando la exclusión socioespacial y la violencia urbana. A partir de un modelo cuatripolar de acceso a la vivienda —construido según el grado de formalización de la tenencia y el tipo de mediación, estatal o no estatal—, los autores ubican a las mafias de la tierra en el cuadrante donde la tenencia es extralegal y la gobernanza es no estatal, distinguiéndolas de las tomas politizadas y de la intermediación informal no coercitiva que ha caracterizado históricamente a los campamentos chilenos.
Conclusiones
Con base en entrevistas, análisis de imágenes satelitales entre 2014 y 2024 y revisión documental, el estudio muestra, por ejemplo, cómo un asentamiento pasó de 12 a 42 viviendas por hectárea en una década, mientras se perdía cobertura vegetal y suelo agrícola. Los autores documentan además la "lógica actuarial" con la que estas organizaciones fijan precios de acceso a los sitios —cuotas de entrada, cobros mensuales por "mantención" o "seguridad"—, calculando el riesgo de desalojo y la lentitud de la fiscalización estatal para convertir la vulnerabilidad de las familias, muchas de ellas migrantes, en un flujo de caja predecible.
El artículo concluye que las mafias de la tierra no solo ocupan un vacío dejado por el Estado, sino que reorganizan por completo los circuitos ilegales de acceso al suelo, profundizando el estigma sobre migrantes y familias en situación de precariedad e insertando mercados ilícitos en la propia expansión urbana. Los autores plantean que la respuesta no debe centrarse en la persecución de las familias residentes, sino en desarticular a quienes organizan los loteos ilegales, cerrar los espacios de corrupción institucional que permiten su operación, y avanzar en programas de vivienda de emergencia, bancos de suelo público y mecanismos de regularización que no terminen premiando a los intermediarios. El caso chileno se pone además en diálogo con fenómenos similares en Colombia, Perú, México y Brasil, lo que abre una agenda comparada para entender cómo el poder estatal, los regímenes de propiedad y los mercados ilícitos configuran las desiguales geografías de la vivienda en América Latina.
El estudio contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través de los proyectos FONDECYT Regular 1262258 y 1241297, y Alex Paulsen agradece además el respaldo del Núcleo Milenio sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV (Iniciativa Científica Milenio de ANID).