A principios de julio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) dio a conocer su nuevo informe. El organismo advierte que el acceso a la vivienda sigue deteriorándose porque el valor de las propiedades ha aumentado aproximadamente tres veces más rápido que los ingresos de los hogares durante los últimos años. Esto ha reducido la capacidad de compra de las familias, especialmente de los jóvenes y de la clase media. Al respecto, Javier Ruiz-Tagle y Carlos Aguirre-Nuñez, investigadores principales de la Línea 1 (Estructuras, Políticas y Oferta) del Núcleo Milenio Sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV, publicaron esta Carta al Director en la edición del martes 21 de julio de La Segunda
Preocupante informe de la ABIF
Señor Director:
El último informe de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF) confirma una tendencia que hace tiempo veníamos observando desde la academia: entre 2002 y 2023 el precio de las viviendas subió 170%, mientras que los ingresos reales de los hogares crecieron apenas 57%. Este desacople no es un dato menor ni pasajero; es la expresión de un problema
estructural que combina el alza sostenida del valor del suelo urbano desde 2010, mayores costos de construcción por exigencias normativas y el efecto expansivo que tuvieron las bajas tasas hipotecarias previas a la pandemia sobre la demanda.
Todo lo anterior configura un escenario muy complejo para las clases medias, que quedan atrapadas entre dos sistemas: ganan demasiado para acceder a subsidios habitacionales, pero no lo suficiente para calificar a un crédito hipotecario. No es solo un problema de financiamiento, sino de acceso real a la vivienda y la ciudad. Si a esto agregamos el cambio en la demografía de los hogares, la naturaleza de la crisis resulta aún mayor y más estructural.
Frente a esto, no basta con ajustar la cantidad y el tipo de subsidios, flexibilizar normas o agilizar trámites por separado: se requiere una política de suelo, de vivienda y de ciudad, con un amplio consenso ciudadano, donde coexistan la compra y el arriendo, con y sin apoyo estatal, financiamiento flexible y apoyo para dicho financiamiento, coordinados con una planificación de
la ciudad y sus servicios de forma coherente.