Las palabras de la directora alterna del Núcleo Milenio sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV, sobre el llamado "caso de los niños haitianos".
La académica vincula el episodio con la crisis habitacional que enfrentan las familias haitianas, señalando que "el sobreprecio etnoracial de un mercado habitacional no regulado" dificulta cualquier seguimiento administrativo de estas familias, y concluye que el caso revela fallas estatales y un racismo estructural persistente, más que una historia de desapariciones.
Señor Director:
Este caso ha dejado importantes lecciones sobre el funcionamiento del Estado y el tratamiento público de la comunidad haitiana.
Antes de contar con antecedentes concluyentes, se decretó un estado de alerta y proliferaron declaraciones apresuradas que criminalizaron a toda una comunidad sin escuchar previamente a sus organizaciones representativas. Fue la activista haitiana Michel-Ange Joseph quien descartó una desaparición y advirtió que “la niñez haitiana está siendo utilizada como un juguete en una pelea política”. Este martes se informó que todos los niños fueron “encontrados” junto a familias.
El episodio revela una preocupante descoordinación institucional, que permitió que un preinforme derivara en alarma pública y en acción amplificada por autoridades, organismos internacionales y medios de comunicación.
El Estado debe garantizar el bienestar de todos los niños. Pero este caso obliga a formular una pregunta incómoda: si estos menores no fueran migrantes, pobres y afrodescendientes, ¿habrían enfrentado el mismo nivel de inoperancia institucional y de sospecha sobre el cuidado brindado por sus propias familias y comunidades? No es primera vez que la comunidad haitiana ha sido estigmatizada y estado bajo sospecha respecto a sus responsabilidades, como fue el caso de Joane Florvil.
A este racismo estructural se suma la crisis habitacional que afecta a las familias haitianas. Los frecuentes cambios de domicilio -producto de políticas migratorias restrictivas que impiden el arriendo formal, junto al sobreprecio etnoracial de un mercado habitacional no regulado- dificultan cualquier seguimiento administrativo. Esto solo devela las condiciones precarias que enfrentan familias racializadas en desventaja.
Más que una historia de desapariciones, este caso refleja fallas estatales, un racismo persistente y la urgente necesidad de fortalecer la coordinación institucional antes de instalar alarmas que terminan dañando precisamente a quienes se busca proteger.