El seminario «Crisis Habitacional: Nuevas tensiones de la informalidad urbana" contó con las valiosas exposiciones del Núcleo Milenio Sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV, académicos nacionales e internacionales, TECHO-Chile, la Defensoría de la Niñez, el municipio de Quinta Normal y el Centro de Estudios Públicos.
El 13 de agosto se realizó en el Auditorio Fernando Castillo Velasco del Campus Lo Contador UC el seminario «Crisis Habitacional: Nuevas tensiones de la informalidad urbana», organizado en conjunto por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC (IEUT UC), TECHO-Chile y el Núcleo Milenio Sobre los Desafíos de la Vivienda (NUVIV). La jornada reunió a investigadoras e investigadores, autoridades y organizaciones de la sociedad civil en torno a tres ejes: el alza sostenida del precio de la vivienda, la mercantilización de los mercados informales de suelo y las trayectorias de las familias tras un desalojo.
La apertura estuvo a cargo de Arturo Orellana, director del IEUT UC; Isidora García, directora social de TECHO-Chile; Javier Ruiz-Tagle, académico del IEUT UC y director del Núcleo Milenio NUVIV; e Ignacia Serrano, de la Vocalía de Rol Público de la FEUC, quienes contextualizaron el aumento histórico de campamentos en el país y la necesidad de abordar la informalidad urbana desde la academia, el tercer sector y las políticas públicas.
El precio del suelo: núcleo del problema
La primera exposición estuvo a cargo de Carlos Aguirre, académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad San Sebastián (FAAD USS) e investigador principal de la Línea 1 de NUVIV, quien presentó “Crisis de la vivienda”. Aguirre planteó que el problema habitacional no responde a la lógica clásica de oferta y demanda —más cantidad de viviendas disponibles no ha significado menores precios—, sino a un proceso de monopolio locacional en el que el valor del suelo captura de forma creciente el ingreso de las familias.
Con datos de la CASEN 2024, el índice PIR de Estados Unidos y comparaciones internacionales con España y México, mostró que en comunas como Puerto Varas o Ñuñoa el esfuerzo salarial necesario para acceder a una vivienda supera los 16 años de sueldo íntegro, y que el reciente aumento del tope FOGAES —de 4.000 a 6.000 UF— ayuda a liquidar stock inmobiliario, pero no modifica el precio de exclusión que empuja a las familias hacia la informalidad. Aguirre advirtió además sobre el fenómeno de los multifamily o built-to-rent concentrados en torno al Metro y sobre el arriendo informal de segundos pisos en zonas urbanas, que en algunos casos resulta más caro que un arriendo formal.
Mercantilización informal: la mirada desde Perú
La segunda exposición estuvo a cargo de Diana Torres, arquitecta, magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Freie Universität Berlin, invitada internacional del seminario. Torres presentó los resultados de una investigación etnográfica de varios años en asentamientos humanos de Lima, centrada en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Su exposición sostuvo que el mercado informal de suelo no es un fenómeno distinto al mercado formal descrito por Aguirre, sino uno complementario: si el suelo de peor calidad en la ciudad aumenta de valor, el de mejor calidad también lo hace. Torres describió el paso de las tomas colectivas tradicionales hacia nuevos actores —los llamados «loteadores piratas»— que fraccionan y venden terrenos, muchas veces de alto riesgo, mediante figuras legales como la «constancia de posesión» creada en Perú en 2006. A partir de su trabajo de campo, planteó que la vivienda funciona en estos contextos como un activo de protección social ante la falta de empleo formal, y que las soluciones puramente habitacionales o de titulación —Perú entrega títulos de propiedad desde 1961— no han logrado revertir la exclusión social, porque el problema de fondo es estructural y excede a la política urbana.
Ambas presentaciones fueron comentadas en el primer panel del seminario, moderado por Javier Ruiz-Tagle, con la participación de Elizabeth Zenteno-Torres, académica de la Universidad de Playa Ancha e investigadora principal de la Línea 2 del Núcleo Milenio NUVIV, y de Andrea Pino, coordinadora de la entidad patrocinante en la Municipalidad de Valparaíso, además de comentarios finales de los propios Carlos Aguirre y Diana Torres.
Zenteno-Torres destacó la complementariedad de ambas miradas y llamó a leer los campamentos desde su complejidad: "hoy hemos visto una dimensión económica, pero no clásica, sino complejamente económica: cómo distintos actores económicos están entrando en la producción de vivienda (...) eso nos hace cuestionar y quizás dar un giro a los agenciamientos", señaló, subrayando además el peso del endeudamiento informal —con casas comerciales, a tasas altísimas— en la autoconstrucción de las familias en campamentos de Valparaíso y Viña del Mar.
Andrea Pino aportó la mirada desde la gestión pública local, conectando ambas exposiciones con la experiencia de regularización de terrenos en Valparaíso a través de la Ley 2.695 y con casos recientes de mercantilización en campamentos del norte del país, donde constató el mismo fenómeno de loteo y venta informal descrito por Torres, ahora replicado a menor escala en territorio chileno.
Las familias después de un desalojo
TECHO-Chile presentó un adelanto de su estudio “Sin destino fijo: trayectorias habitacionales de familias desalojadas de campamentos en la Región Metropolitana”, a cargo de Javiera Moncada, directora de su Centro de Estudios, y Valentina Sánchez, coordinadora de Investigación Territorial de TECHO, en coautoría con Juan Echaurren Molina.
La investigación, basada en el seguimiento de cinco campamentos desalojados entre 2024 y 2025 y en 30 entrevistas a familias afectadas, mostró que tres de cada cuatro hogares desalojados terminan en condiciones de informalidad —arriendo sin contrato, allegamiento u otro campamento— y que un tercio vuelve directamente a vivir en un campamento. Moncada y Sánchez identificaron cuatro tipos de trayectoria posterior al desalojo —”formalidad frágil”, «estabilidad sin formalidad», «persistencia del campamento» y «refugio en la red familiar»— y advirtieron que el problema de fondo no es la ejecución del desalojo en sí, sino la ausencia de planificación y de medición de sus consecuencias sobre las familias, especialmente sobre la composición y estabilidad del núcleo familiar.
Sobre esa base se desarrolló el segundo panel del seminario, moderado por Sofía Astorquiza, coordinadora de Incidencia de TECHO-Chile, con la participación de Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal; Anuar Quesille, defensor de la Niñez; y Rosario Palacios, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Quesille situó la magnitud del problema desde la infancia: "según las últimas cifras, cerca de 54.000 niños, niñas y adolescentes viven en campamento hoy, en evidente riesgo de vulneración de derechos", y cuestionó la falta de coordinación institucional en los procesos de desalojo, señalando "coordinaciones tardías y fragmentadas, donde la Defensoría (...) es convocada de manera muy tardía en la planificación del desalojo".
Delfino expuso el proceso de erradicación de tres campamentos en su comuna, defendiendo un criterio que aplicaron como política: "la mirada fue que si seguían viviendo niños, no se desalojaba, aunque ya tuviéramos la fecha fijada". La alcaldesa detalló que el municipio pagó tres meses de arriendo a cada familia mientras se gestionaban subsidios con el SERVIU, y remarcó que el proceso completo —que incluyó una política de bienestar animal para las mascotas del campamento— costó cerca de 300 millones de pesos municipales y ha sido replicado por otras comunas del país.
Palacios, en tanto, planteó el nudo de fondo detrás de cualquier desalojo: "aquí tenemos derechos que compiten: por un lado, el derecho de propiedad de los dueños del terreno; por otro, los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo priorizamos como sociedad?". Con datos del CEP y de la Fiscalía, advirtió que la incertidumbre prolongada sobre la fecha de un desalojo tiene efectos medibles en la salud mental de la infancia, y que las comunas con más delitos violentos cometidos por menores de edad coinciden con las de menor puntaje SIMCE y mayor percepción de violencia en el espacio público.
Todo el material del seminario quedará disponible en el canal de YouTube del IEUT UC, y el estudio completo de TECHO-Chile —junto con un visor territorial de campamentos amenazados y desalojados— estará disponible próximamente en su sitio web.