Santiago Castillo, historiador y dirigente de Lo Hermida: “Los pobladores siempre han querido vivienda propia”

Santiago Castillo Braithwaite (1993) es doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y fundador del comité de vivienda Luchadores de Lo Hermida, en Peñalolén. Su investigación se ha especializado en los conflictos y movimientos sociales por la vivienda en Chile, un interés que nació en parte de su propia biografía: llegó a vivir a Lo Hermida a los 17 años, tras la muerte de su madre, y encontró ahí redes familiares y de amistad que lo sostuvieron en ese momento. Desde entonces ha sido parte activa de la organización territorial del barrio —fue secretario de la Junta de Vecinos— y hoy combina esa responsabilidad con dos roles institucionales: es consejero en los registros de participación ciudadana del Minvu-RM, designado para vincular las demandas habitacionales con la autoridad, y ha participado en las propuestas de recuperación urbana impulsadas junto a ese ministerio en el marco del Plan Habitar.

“El sueño de la casa propia” fue un eslogan televisivo muy potente como imagen ideológica, y es un consenso íntimo de la sociedad chilena.”

En ti coinciden el poblador, el dirigente social, el historiador académico y el funcionario público. ¿Cómo convive eso?
Es una contradicción y un aprendizaje constantes. Me enfrento a las paradojas de la realidad, y eso es lo que más me llama la atención: no tener respuestas simples, ni en el campo académico, ni en el trabajo territorial, ni como funcionario público. Las tres cosas me permiten observar la realidad con sus complejidades, más con gris y matizado que con blanco y negro.

¿Por qué te interesaste en la Historia?
En cuarto medio participé activamente en las movilizaciones estudiantiles de 2011, fui parte de la ACES, de una izquierda más radical, heredera de una cultura rojinegra, más mirista. A los 17 años empecé a participar en un proyecto en Lo Hermida llamado Recuperando Historia y Memoria, de recuperación de memoria a través del muralismo, y desde ahí me interesé en los debates historiográficos, partiendo por Mario Garcés y Gabriel Salazar. La historiografía chilena aporta una escala de análisis de larga o mediana duración, y destaca la agencia de los sectores populares: la persistencia de tradiciones y formas de organización no formales que son súper importantes en la comunidad.

Mencionas esas formas de organización no formales. ¿Puedes dar un ejemplo?
Cuando llegué a vivir a Lo Hermida, la señora Pilar me acogió mucho; esa es una tradición en la población: señoras que tienen un rol maternal más allá de su propia familia, a escala de la comunidad. Esas prácticas solidarias aparecen con más fuerza en ciertas coyunturas, como la pandemia o el estallido social, en las ollas comunes, pero yo las vi desde chico también en las barricadas y las fogatas de la avenida Grecia: una forma de organización que no es la formal.

Hagamos un diagnóstico de Lo Hermida hoy: población, vivienda, déficit.
Lo Hermida se fundó en 1970 con la operación sitio y, ese mismo año, con tomas de terreno; a fines de los 80 y comienzos de los 90 se sumaron tres villas de vivienda básica. Hoy tiene unos 55 mil habitantes, es un macrosector de al menos quince operaciones habitacionales distintas y tiene plena integración a la ciudad, con dos estaciones de metro adentro, Grecia y Los Presidentes. Los residentes son mayoritariamente trabajadores asalariados, con bajos sueldos, más un porcentaje que vive de la informalidad. No existen ahí condiciones de marginalidad, salvo excepciones.

Profundicemos en la vivienda.
Hay tres tipologías: los lotes de nueve por dieciocho metros, de las tomas y la operación sitio; las viviendas pareadas, y los bloques. En los lotes de 18x9 hay muchísimo allegamiento -una o dos casas atrás, al menos tres familias en el mismo sitio-, generalmente de material ligero: tabiquería de madera, cielos autoconstruidos, sin asistencia técnica, que se anegan con la lluvia y hacen resfriarse todo el invierno. El allegamiento no es necesariamente malo; es mucho menos grave que el hacinamiento, que es el problema en las viviendas pareadas y los bloques: una convivencia forzada mucho más compleja.

¿Qué pasa con los espacios públicos de Lo Hermida?
Una de las principales causas de la precarización del espacio público es la pasta base y el alcoholismo: un problema que el Estado no está abarcando lo suficiente. El consumo está aumentando muy masivamente, y la sustancia ya no es la misma. Los vecinos no quieren usar las plazas porque sienten que se las toman, no para fin habitacional sino para el consumo. En nuestra población hay tolerancia cero en los espacios que administramos, y nuestros dirigentes han sido amenazados por los pasta baseros. Esa es la verdadera inseguridad, más que la violencia física: tiene que ver con captar a un niño y con la degradación del entorno.

¿Cuáles son hoy las prioridades para la comunidad?
El déficit cuantitativo -la gente que no tiene casa-, el allegamiento y el hacinamiento, que afecta a lo menos a cinco mil familias, y el déficit cualitativo, difícil de medir pero gigante: es la gran discusión en Lo Hermida, porque impacta el espacio público, las formas de vida y las viviendas mismas.

¿En qué está hoy el Plan Habitar Lo Hermida?
Es un plan de regeneración urbana autoconvocado, que partió en 2021 como iniciativa de los propios dirigentes, convocando al Serviu, la municipalidad y actores privados como Cristalerías Crillón, Consorcio y Techo. Con Déficit Cero financiamos una consultora que diseñó el Plan Maestro, entregado al gobierno con diagnóstico y etapas. Hoy eso se traduce en un centro comunitario y tres sedes sociales en construcción, unas 100 viviendas unifamiliares y 400 departamentos en mejoramiento, y unas 1.200 viviendas nuevas.

A fines de julio se publicó “Tres vidas detenidas de Lo Hermida” (Editorial Anagénesis / Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi), libro en cuyo equipo de investigación Castillo participó como coordinador. La publicación reconstruye las trayectorias de José Calderón Ovalle, Agustín Reyes González y Carlos Cubillos Gálvez, tres militantes del MIR detenidos y desaparecidos en los primeros años de la dictadura cívico-militar, a partir de quince entrevistas en profundidad, expedientes judiciales y archivos de memoria. A través de esas historias, el libro sitúa a Lo Hermida —fundada al calor de las tomas de terreno y la autoconstrucción— como uno de los epicentros de la lucha por la vivienda y de la construcción de poder popular durante el gobierno de Salvador Allende.

La vivienda propia, en el tiempo largo de la historia

Desde la historia, ¿cómo se explica la evolución de las tomas de terreno en Chile?
Se puede dividir en etapas: una constitutiva, entre 1938 y 1973, del paso de la población callampa a la toma organizada, con su pico en 1970. En dictadura surge la “ocupación silenciosa”, distinta de la “toma ruidosa” que busca negociar con el Estado. En los 90 el Estado financia unas 200 mil viviendas sociales en Santiago, que reduce el déficit cuantitativo y traslada el debate a la calidad. Desde 2010, con el terremoto, sube la demanda y el precio de la vivienda mientras baja el ingreso real; surge la exclusión habitacional, y en 2019 ocurre el segundo ciclo de tomas más grande de la historia de Chile, tras la Unidad Popular.

¿Cómo se llega de eso a la criminalización actual de la toma?
Hay al menos tres factores: la derrota del ciclo de movimientos sociales, que quitó legitimidad y aliados a las ocupaciones; la criminalización mediática, que distingue entre pobladores buenos y malos; y la securitización del debate, con categorías como “barrios críticos”. Estoy en desacuerdo con asociar los campamentos al crimen organizado; tiene más que ver con la propiedad privada y con la idea de no saltarse la fila. El problema es que, cuando la fila no avanza -familias con diez años esperando un subsidio-, es difícil pedir que se evite la toma.

Castillo acaba de terminar de darle los últimos detalles a su libro “La Casa Propia: las luchas por la vivienda en Chile entre 1990 y 2019”, resultado de su tesis de magíster y doctorado, que espera publicar el próximo año. Para eso estudió seis años el movimiento de pobladores contemporáneo -los allegados, los deudores habitacionales, que consiguieron 500 mil condonaciones y frenaron la hipotecarización de la vivienda social, la reconstrucción post 2010 y los campamentos-, y desarrolló la tesis de los “propietarios insurgentes”.

¿Qué significa esa idea de los “propietarios insurgentes”?
Me encontré con la tesis de Edward Murphy, que estudia la ciudadanía insurgente de propietarios en James Houston y la aplica a Chile: acá los pobladores combinan métodos radicales de lucha, asociados a la izquierda, para conseguir la vivienda propia. El arriendo es más bien europeo; en Chile el sueño de la casa propia es un consenso íntimo de la sociedad, transversal a cualquier sector político. En el proceso constituyente no lo vimos: no dimensionamos la importancia de la propiedad privada para los sectores populares, y esa discusión le entró agua a nuestra norma de vivienda.

¿Es una demanda nueva, o viene de mucho antes?
Viene de mucho antes. La izquierda tiene una obsesión con negarlo -no la izquierda de ahora, la izquierda siempre-. Si uno lee las notas de prensa de la toma de La Victoria, en 1957, ya se habla de vivienda propia: los pobladores siempre han querido vivienda propia. “El sueño de la casa propia” fue un eslogan televisivo muy potente como imagen ideológica, y es un consenso íntimo de la sociedad chilena.

¿Cuál es tu rol en el Serviu?
"Soy parte del equipo de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Serviu RM. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y desafiante, especialmente porque me incorporé en septiembre de 2025, en un momento en que el programa atravesaba un período complejo. En gran medida, ello se debía a que el gobierno del Presidente Boric concentró sus esfuerzos en enfrentar la emergencia habitacional, entendida principalmente como el déficit cuantitativo de viviendas. Ese énfasis, aunque necesario, implicó que el déficit cualitativo, relacionado con el deterioro de barrios y conjuntos habitacionales existentes, quedara parcialmente relegado, pese a que ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Actualmente, ese escenario ha comenzado a cambiar y la intervención de barrios con déficit estructural vuelve a ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda del Minvu.